Al Ministerio de Justicia le corresponde la preparación y ejecución de la política del Gobierno de España para el desarrollo del ordenamiento jurídico, especialmente en materia de derecho penal, civil, mercantil y procesal; garantizar el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto; la tramitación de los expedientes relativos al derechos de gracia y títulos nobiliarios y grandezas de España cuya resolución viene atribuida nominalmente al Rey y se ejerce por el Consejo de Ministros; la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia; la cooperación jurídica internacional, así como con las comunidades autónomas en coordinación con los demás departamentos competentes en la materia; y la asistencia jurídica del Estado.